Artículos jurídicos y subastas

Hasta el 05 de abril de 2026.
En el marco del procedimiento concursal y de conformidad con el Auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Jaén, que aprueba las reglas especiales de liquidación, se anuncia la venta concurrencial del siguiente bien inmueble:
DESCRIPCIÓN DEL BIEN
URBANA: Parcela número uno, de forma irregular, situada en el Polígono 8 de la Dehesa Boyal, con una superficie de 1.549,50 m², edificable con sujeción a la ordenanza denominada Zona de Industria.
Linderos:
Frente: vial A de nueva apertura.
Derecha (entrando): parcela número dos.
Izquierda: terrenos de propiedad municipal (antiguas industrias arsenicales).
Fondo: terrenos de propiedad municipal pertenecientes a la Dehesa Boyal.
Incluida en el Proyecto de Reparcelación del Polígono 8 del Plan Parcial de la Dehesa Boyal.
CRU: 14013000608698
Finca registral: nº 22.739
Registro de la Propiedad: Pozoblanco
Referencia catastral: 8972501UH3497S0001KH
Situación posesoria: sin uso ni explotación
Cargas: no constan cargas anotadas
Valor asignado por la Administración Concursal: 73.000,00 €
PROCEDIMIENTO DE VENTA
Fase Primera – Venta concurrencial ante la Administración Concursal
La presente fase se inicia desde la fecha del auto de aprobación de las reglas especiales de liquidación y tendrá una duración de dos meses.
Durante este periodo, cualquier persona interesada podrá presentar oferta por el bien descrito, con arreglo a las siguientes condiciones:
Las ofertas deberán remitirse por escrito al correo electrónico de la Administración Concursal, identificando con precisión el bien objeto de la oferta e indicando el importe ofertado, así como, en su caso, la asunción de impuestos, gastos, forma de pago u otras condiciones relevantes.
Para que la oferta sea admitida, el oferente deberá constituir una caución mínima del 5 % del valor del bien, cuya forma y cuantía concreta será indicada por la Administración Concursal. Las ofertas que no cumplan este requisito no serán tenidas en cuenta.
La caución no tendrá la consideración de masa activa y será devuelta a los oferentes no adjudicatarios.
Si concurrieran dos o más oferentes, y salvo los supuestos previstos en las reglas especiales, la Administración Concursal podrá convocar subasta presencial, en la que únicamente podrán mantenerse o mejorarse las ofertas presentadas.
La adjudicación se realizará a favor de la mejor oferta, siempre que alcance al menos el 50 % del valor asignado al bien.
En caso de que el adjudicatario no abone el precio íntegro en el plazo de cinco días hábiles, la adjudicación quedará sin efecto, se perderá la caución entregada y se procederá a nueva subasta conforme a las reglas aprobadas.
La Administración Concursal se reserva la facultad de resolver cualquier incidencia conforme a las reglas especiales de liquidación aprobadas judicialmente.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
📧 Correo electrónico: 8063@icagr.es
💳 Cuenta para constitución de la caución: Banco Santander ES39 0049 0164 6520 1024 9659
INFORMACIÓN ADICIONAL
La venta se realiza conforme a las reglas especiales de liquidación aprobadas judicialmente, cuyo texto íntegro se encuentra a disposición de los interesados.
Los gastos e impuestos derivados de la transmisión serán asumidos por quien corresponda conforme a la normativa aplicable o lo que, en su caso, se pacte en la oferta.

Las recientes sentencias dictadas el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal Supremo suponen un punto de inflexión en el tratamiento del crédito público dentro de los procedimientos concursales. Por primera vez con una claridad contundente, el Alto Tribunal refuerza una interpretación más flexible y finalista del mecanismo de segunda oportunidad, alineándolo con su verdadera esencia: permitir a personas físicas y autónomos liberarse de deudas y reemprender su actividad económica sin cargas insuperables. Este cambio jurisprudencial corrige una rigidez histórica que, en la práctica, vaciaba de contenido el beneficio de exoneración cuando existían deudas con Hacienda o la Seguridad Social.
Uno de los aspectos más positivos de estas resoluciones es que reconocen que la exclusión absoluta del crédito público carece de sentido en un sistema que pretende la rehabilitación económica del deudor. El Tribunal Supremo apuesta por una interpretación que prioriza la eficacia del procedimiento concursal y la función social de la exoneración, permitiendo que, bajo determinadas condiciones, también las deudas públicas puedan quedar afectadas. Esto no solo aporta coherencia al sistema, sino que evita situaciones de insolvencia perpetua, favoreciendo la reintegración del deudor en el circuito económico y reduciendo la economía sumergida.
En definitiva, estas sentencias refuerzan la seguridad jurídica y aportan un mensaje claro: el derecho concursal español evoluciona hacia un modelo más justo, equilibrado y eficiente. Se abre así una nueva etapa en la que la segunda oportunidad deja de ser una promesa limitada para convertirse en una herramienta real de recuperación. Este avance no solo beneficia a los deudores, sino también al conjunto del sistema económico, al fomentar la actividad, el emprendimiento y el cumplimiento voluntario de las obligaciones en un marco más humano y razonable.